Los Indigenas de Cojutepeque

lunes, 11 de marzo de 2013

La Política Faccional y el Estado Nacional en El Salvador, 1830-1890

Cuscatlán y Cojutepeque: económica regional.

 Cojutepeque fue el centro de una red regional comercial que empezó a extenderse a fines del siglo XVIII. Durante las últimas décadas de este siglo, esta localidad consolido sus tierras comunales, clarificando y extendiendo sus títulos. Esto contribuyó a que los campesinos y agricultores de esta población no tuvieran que preocupar por el acceso a la tierra asta entrando al siglo XX. En la década de 1760, solo había una hacienda o finca de importancia dentro del área comprendida por Cojutepeque, el cual utilizo el trabajo asalariado tributado por las comunidades indígenas y en este caso esta unidad estaba entre las más pequeñas por la provincia de el salvador.

La economía de Cojutepeque estaba basada en la producción extensiva de granos y azúcar, siendo este último exportador a toda la provincia. En 1859, funcionarios de Estado notaron que esta municipalidad no tenia hacienda, pero si muchos  “hatos y chacras”. La producción de café había avanzado bastante y casi toda las fincas en los suburbios de la ciudad ya producían este producto.

Junto con su efectiva economía campesina, la población de la región se expandió dramáticamente. En 1740, el municipio contenía solamente 330 indios, dedicados a vender sus productos a los viajeros en el camino real. De 2,500 habitantes durante la década de 1790, la población se expandió a cerca  de 8.000 y 11.000 en 1853.

Durante la década del 1870, un oficial local observo que cuando se intento sistematizar el cobro del canon de tierras ejidales, al parecer solamente con los Ladinos (las comunidades indígenas mantenían el privilegio colonial del control autónomo sobre sus tierras y por ende no pagaban canon), entonces muchos campesinos ladinos se declamaron indígenas para evitar el pago del alquiler. Sin embargo, durante el siglo XIX, el acceso a la tierra no fue un problema para el campesinado de esta ciudad.

MOVIMIENTOS CONTESTATARIOS Y REVUELTAS EN COJUTEPEQUE

En Cojutepeque, el primer conflicto pos-conquista de que se tiene conocimiento ocurrió a fines del siglo XVIII. Para la década de 1790, Cojutepeque ya tenía una población étnica mixta, con 1.888 indios y 631 ladinos, aunque las poblaciones cercanas a la ciudad eran más densamente indígenas.

Dentro del pueblo, los indígenas y ladinos residían en barrios separados. Las tenciones entre estos dos grupos llevaron a confrontamientos entre los primeros y los oficiales de la milicia. Los privilegios inherentes a la exclusiva participación de los ladinos en la milicia y, posiblemente, en el mercado externo conllevaba conflictos con los productores indígenas que controlaban la tierra a través de sus privilegios corporativo. Otros aspectos de importancia es que se confirma la ausencia de conflictos entre campesinos y hacendados u otros grandes terratenientes.

Durante la revuelta, dirigida contra los “realistas”, destituyeron a los funcionarios de la Corona española. Los indios de los pueblos cercanos, en el departamento de la Paz, también participaron en este movimiento. El Gobierno envió tropas desde San Salvador para contener a los rebeldes.

Erl flujo e inestabilidad producidos por la crisis, que comenzó en 1808, rompió el balance de poder local y abrí las puertas a la participación popular autónoma. Luego, durante los años inmediatos a la revuelta, el Gobierno Colonial y los criollos-que entraron con más poder en el Gobierno regional-introdujeron una serie de reformas comerciales y políticas con la intensión de aplacar a los sectores populares.

Después dela independencia, siguió un periodo de tranquilidad durante los años de 1820, que fue interrumpido por la serie de movimientos locales y regionales en la década de 1830. No sabemos específicamente si el movimiento centrado en San Vicente y La Paz dirigido por Anastasio Aquino, durante 1833, obtuvo la participación de los indígenas de Cojutepeque.

En 1835, a solo dos años de la superación del movimiento de Aquino, las autoridades de la federación quitaron del poder al jefe de estado de El Salvador, Nicolás Espinoza, por estar conspirado con los indígenas de la región central del país para crear una república indígena un movimiento que presagiaba la alianza campesina indígena y ladina construida por carrera en Guatemala pocos años después.

La victoria de Carrera Guatemala y las duraderas alianzas que se establecieron no significaron el cumplimiento completo de esta agenda, pero si aplicaron la institucionalización de poder regional de estas comunidades, asi como una forma de veto político primitivo sobre las formas de Gobierno y la esfera de acción estatal.

DUEÑAS, SANTIAGO GONZALEZ Y COJUTEPEQUE

Durante los primeros años de su Gobierno, Dueñas-tal vez con el apoyo de Rivas- trato de desarmar a la facción indígena de Cojutepeque, la cual, de acuerdo con Gustave De Belot, había sido “poderosa y armada” y “representaba una esperanza para el Gobierno”.

El Gobierno de Dueñas, aparentemente, no respondió con la represión, pero ordeno una investigación de la revuelta.

Durante 1870, Rivas, que había quedado como gobernador, se fue al exilio después de que su hermano muriera en una revuelta en Santa Ana y aparentemente insatisfecho con el régimen de Dueña. Se llevo consigo toda la tropa del cuartel, además de varios artesana y campesina que lo apoyaba. Desde Honduras, se fracción se unió con Santiago González en los esfuerzos de este por derrotar al Gobierno de Dueñas. Esta ves, Rivas no conto con el apoyo masivo de los indígenas de Cojutepeque, pues no pudo reclutarlos para el movimiento de Santiago Gonzales. A pesar de ello, Gonzales tomo el poder del 12 de Abril de 1871, con el apoyo de varias fracciones indígenas de occidente y de los liberales de Guatemala. Mientras algunos indígenas de occidente se alineaban a favor del nuevo régimen, los Cojutepeque de nuevo se prepararos para ser los movimientos anti estatales.

Observadores de este periodo andado diferentes explicaciones a las motivaciones internas de esta revuelta. La ferríere en su obra publicada en 1877, explico la hostilidad de los indígenas de Cojutepeque se originaba el deseo de volver a ser la capital de la República y en el Centro del poder estatal. Según el, durante los tres años que Cojutepeque sirvió de Capital, en el periodo de 1830 a 1850, se formo un fuerte “partido político”, logrado atreves del poder extensivo del gobernador. La oposición de los indígenas a barrios resulto, en esta versión, del traslado de la capital a San Salvador. Los Cojutepeque querían entonces, volver a una posición anterior de poder nacional.

RIVAS Y LOS INDIGENAS DE COJUTEPEQUE: 1871-1900

La aparente tranquilidad del periodo que va e 1872 a 1886 estuvo marcada por el auge de otra forma menos violenta de hacer política, incluyendo la formación de clues la expansión del sufragio, y las luchas conectada con la formación de asamblea legislativa y constituyente la transmisión del poder presidencial, sin embargo, todavía estuvo caracterizado por el uso de la fuerza armada y la intervención de los gobiernos de Guatemala y Honduras.

El primero de abril de 1885 el presidente Barrios de Guatemala ataco a El Salvador, intentando derrocar a Zaldívar después de su negativo apoyar al decreto de unificación Centro Americana. El ejercito de Guatemala tomo Chalchuapa y Santa Ana con el apoyo de milicias salvadoreñas del volcán de Santa Ana, Nahuisalco, Chalchuapa y Atiquisalla casi todos los indígenas figuras liberables notables como el General Francisco Meléndez, Rafael Mesa, Rosa Pocas y Manuel Pacas también apoyaron el derrocamiento de Sandiar, como parte de este movimiento, “ochocientos tropas” indígenas de Cojutepeque se movilizaron durante mayo de 1885.

En diciembre de 1889, este tubo que enviar 500 soldados a luchar contra el, quien se había declarado en contra del Gobierno con el apoyo de sus milicias indígena. A su vez Meléndez había tratado de quitarle su base de poder como Gobernador de Cuscatlán luego que Rivas desaprobara el candidato oficial a la presidencia que posiblemente sustituyera a Meléndez. Rivas capturo al nuevo gobernador cuando este intento ocupar su cargo lo que hiso Meldes enviara al general Carlos esta a combatirlos. Aquel se preparo para resistir a las tropas del Gobierno pero no estaba bien preparado y sus fuerzas fueron obligadas a salir de la ciudad a pesar que movilizo a sus milicias indígenas.

Las movilizaciones de Cojutepeque tuvieron un impacto más amplio. Como parte de los esfuerzos contra la movilización de Rivas, el gobernador de Usulután recibió ordenes durante diciembre de 1890 de reclutar a medio batallón de “milicianos”, y enviarlos a San Miguel donde se preparaban fuerzas para ser enviadas a Cojutepeque.

Aunque los indígenas de Cojutepeque nunca llegaron de nuevo a movilizarse como lo hicieron todo el periodo anterior a 1890, los dirigentes que resultaron de este periodo continuaron su acción político-ha beses armados-asta el tratado del siglo XX en contra del Gobierno que consideraba de despóticos o antiliberales.

LAS REVUELTAS, DE LOS INDIGENAS Y LA FORMCION DEL ESTADO NACIONAL.

Mientras estas revueltas y movilizaciones apoyaron los intentos de los indígenas por mantener acceso y control sobre los recursos económicos-como la tirra-, las cuestiones agrarias solo aportan una parte limitada de la explicación de estos movimientos. La interpretación clásica de las revueltas de finales del siglo XIX esta equivocada porque reduce la movilización campesina a una acción defensiva contra la agricultura de exportación a la exportación o la expropiación de tierras comunales, que, supuestamente, ocurrieron en este periodo. La discusión de la historia de este periodo indica que la movilización popular surgió, por lo menos en estos casos de un campesinado y de un artesanado que, aunque claramente diferenciando, mantenía control sobre los recursos económicos de se regio. En esta perspectiva, precisamente las comunidades con mas recursos y mucho de que defender y mas aun de ganar eran los mejores candidatos para la movilización local y nacional.

Una situación que facilito la movilización armada de los indios durante el siglo XIX en El Salvador, fue la persistencia del reclutamiento militar para la fuerza del Gobierno los hombres indígenas servían en las iglesias locales, los cuales se reunían los domingos para hacer sus ejercicios. Aunque el Gobierno siempre mantuvo una fuerza profesional de soldados conocido como “veterano”; en tiempo de crisis políticas-algo que ocurriría muy frecuentemente-, las milicias jugaban un papel importante, no fue si no hasta la década de 1890 cuando el Gobierno logro organizar un sistema de reclutamiento mas sistemático y el ejercito profesional se organizo como fuerza permanente y bien equipada.

El liberalismo político de finales del siglo XIX

Las llamadas “reformas liberales” del siglo XIX impulsa­das por los gobiernos de Santiago González (1871-1876), Rafael Zaldívar (1876-1885) y Francisco Menéndez (1885-1890) se proponían políticamente la construcción de un Estado laico en El Salvador, es decir, buscaban la separación del poder civil del eclesiástico; o en términos aún más específicos, buscaban la sustitución de principios fundamentales del liberalismo cató­lico español (Estado confesional, tierras ejidales y comunales, cementerios católicos, total prohibición a la libertad de cultos, educación católica, matrimonio religioso, imposibilidad de divorcio, no libre testamentifacción, etc.) con los que fueron moldeadas originalmente las Provincias del antiguo Reino de Guatemala, luego de independizarse de España. Ahora se pro­ponía reconfigurar el Estado salvadoreño con los principios de un liberalismo radical (“rojo”, “jacobino”) de influencia francesa que demandaba una total separación entre Iglesia y Estado, pero también la adopción de otras políticas estatales que transfor­maran profundamente las instituciones arriba mencionadas.

En ese sentido, constituye un grave error reducir la trans­formación del Estado salvadoreño durante el último cuarto del siglo XIX a la privatización de las tierras comunales y ejidales, o que las llamadas “reformas liberales” buscaban transfor­mar únicamente la estructura de la tenencia de la tierra. En realidad, debe entenderse que tanto liberales radicales como masones buscaban una sola cosa: un cambio estructural del país, de inventar, modelar o crear –si se quiere– un nuevo país de acuerdo con los importantes cambios ideológicos y políticos que se estaban realizando en Europa y en América, y parte de esa transformación o secularización pasaba indiscutiblemente por la privatización de las tierras comunales y ejidales, a las que se les consideraba una reliquia viviente del modo colonial, retrógrado y reaccionario, de concebir el mundo.

Es claro que un proceso de transformación política tan radical en la institucionalidad del país demandaba para su implementación y salvaguarda la aprobación de leyes y de Constituciones políticas en las que quedaran férreamente es­tablecidas las bases del Estado laico. Por ello, desde la llegada del presidente Santiago González en abril de 1871, se inició un proceso de elaboración de leyes y de Constituciones políticas que progresivamente fueron introduciendo cambios esenciales en la estructura del Estado. Si este proceso de transformación formal tomó 14 años (1871-1886) y necesitó de la elaboración de 6 Constituciones (1871, 1872, 1880, 1883, 1885, 1886), nos indica que se trataban de cambios difíciles de implementar; es decir, que liberales radicales y masones encontraron importan­tes resistencias, tanto de parte del clero como de los sectores conservadores y de buena parte del pueblo que miraba con desconfianza las políticas estatales promovidas por los nuevos liberales.

En efecto, las resistencias populares a la secularización del Estado podían ser producto tanto de una ideologización deliberada e interesada por parte del clero –como alegaban los liberales anticlericales–, pero también de la clara conciencia que los sectores populares fueron adquiriendo de que tales cambios implicaban la pérdida de importantes privilegios que disfrutaban desde tiempos de la Colonia, como eran precisa­mente las tierras ejidales y comunales, o los comerciantes se­guir vendiendo sus productos en las calles y no en “modernos” mercados como los construidos en San Miguel en 1875; y, por supuesto, también estaba en juego la pérdida de una visión de mundo que le daba sentido y seguridad a la existencia humana (el tradicional rol social de la mujer, religión única, cemente­rios, matrimonio y educación católica). Es innegable, pues, que algunas de las políticas estatales implementadas por liberales secularizantes y masones afectaban la vida diaria de los habi­tantes del país; y es claro que esos cambios afectaron y dañaban a uno de los sectores más poderosos del país: la Iglesia católica.

Se suele sostener que la Iglesia católica salvadoreña te­nía muy poco que perder con las reformas políticas del último cuarto del siglo XIX, porque siempre fue una Iglesia pobre, sin grandes posesiones territoriales o riquezas económicas; pero ¿acaso no era suficiente poder el monopolio de la verdad y la falsedad, de lo que se debe leer o no, de lo que se debe enseñar o no, o si una persona merece ser enterrada en un cementerio o no, etc.? En ese sentido, implicaba un gran cambio el que a las nuevas generaciones de ciudadanos ya no se les iba a enseñar que la religión católica era la única verdadera, que de ahora en adelante se tolerarían en el país la práctica pública de todos los cultos religiosos. Y por supuesto, la Iglesia católica luchó de­nodadamente por no perder el control de los nacimientos y las defunciones, o de los matrimonios. En fin, como parte de este movimiento de oposición a los procesos de secularización debe entenderse los graves disturbios de San Miguel en Junio de 1875.

Por otro lado, también se suele sostener que la llegada de Santiago González al poder no implicó grandes cambios en la es­tructura económica, o que su Presidencia no representó ningún cambio fundamental para la historia política e institucional del país. De nuevo, se trata de una afirmación demasiado tajante para ser verdadera. Porque, ¿acaso lo económico es lo único fundamental o necesario para entender el devenir histórico de los pueblos? Más bien, es obligatorio preguntarnos a estas altu­ras cómo es posible que la mayoría de los investigadores de los procesos históricos que tuvieron lugar a lo largo del siglo XIX en Centroamericana le hayan dado tan poca importancia al proceso de secularización que arrancó tan tempranamente –aunque sin éxito- durante los mandatos en Guatemala de Mariano Gálvez (1831-1838) y de Francisco Morazán, para terminar absoluti­zando los procesos económicos como los únicos decisivos a la hora de escribir la historia de los pueblos centroamericanos. Y resulta mucho más sorprendente constatar el esfuerzo que han hecho algunos de estos historiadores por nulificar o desvirtuar la trascendencia y lo traumático que resultaron estos tempranos procesos de secularización.

Frente a esta interpretación, historiadores como Ralph Woodward han logrado probar que fueron precisamente los “curas fanáticos” de Guatemala los que iniciaron el incontenible movimiento popular-católico de protestas que llevó al poder al conservador Rafael Carrera y a ejercer la Presidencia durante 30 años. Especialmente cacofónicos resultan aquellos historiadores que solo ven en el ascenso del café y las oligarquías cafetaleras las únicas causas para explicar lo acontecido en Centroamérica a partir de 1871; luego terminan concluyendo que tanto conser­vadores como liberales impulsaron el café, por lo que al final se quedan sin el necesario y estricto contrincante dialéctico que ayuda a entender los movimientos históricos.

Y sin embargo, al igual que ocurrió en tiempos de Maria­no Gálvez en Guatemala, durante los años de las llamadas “re­formas liberales” las fuentes católicas refieren categóricamente a que entre 1871 y 1886 en El Salvador se libró una intensa batalla entre “liberales ateos” y “buenos católicos”; y por su parte, las fuentes liberales confirman también la percepción de que con la llegada de la Administración de Santiago González había iniciado un significativo cambio en las políticas de Estado que fueron arrinconando progresivamente a los “fanáticos católi­cos”, quienes eran concebidos como los verdaderos enemigos del progreso, de la Libertad, de la Igualdad y la Fraternidad. Además, ambas fuentes confirman que estas medidas “dia­bólicas” o “progresistas” fueron continuadas y profundizadas durante la larga presidencia de Rafael Zaldívar, con el claro apoyo de liberales radicales y masones, a pesar de que Zaldívar había sido un cercano colaborador del conservador Francisco Dueñas (1863-1871).Tanto era la convicción de que había habido una ruptura entre la manera de entender y hacer política desde los tiempos de Dueñas, que las ambigüedades mostradas por el General Fran­cisco Menéndez al inicio de su mandato no dejaron de alarmar a los radicalizados defensores del liberalismo secularizante que contemplaban con horror cómo Menéndez había reservado a Ma­nuel Gallardo el decisivo cargo de Ministro de Hacienda, “á pesar del general desagrado que provocaba su presencia en el Gabinete” dadas sus posturas políticas conservadoras. Seguramente no menos vergüenzas generaba para los liberales radicales comprobar cómo Menéndez era elogiado por conservadores y católicos, y cómo, en fin, Menéndez había abierto las puertas para que el clero “fanático y reaccionario” participara en la Constituyente de 1885, o cómo había permitido la reintroducción de la cátedra de derecho canónico en la Universidad.

Aunque siempre es difícil tener certeza sobre las convic­ciones religiosas de las personas, podríamos conceder que muy probablemente los planteamientos ideológicos de Dueñas eran muy similares a los de González, que quizás ambos eran fervientes creyentes en un liberalismo moderado, sinceros y temerosos católi­cos; pero, ¿qué decir de los Ministros de Estado de Dueñas y de los de González? O, ¿qué decir de los Representantes que redactaron la Constitución de 1864 y los que redactaron las Constituciones de 1871-72 en adelante? Un análisis detallado mostraría que la clase política y los burócratas en el poder a partir de 1871 fueron mo­delando e introduciendo poco a poco políticas que efectivamente fueron secularizando el Estado salvadoreño, medidas que fueron generando importantes resistencias de parte de estos sectores católicos y conservadores.

 Es en este sentido que debe entenderse la expulsión de jesuitas, capuchinos y hasta de obispos a partir de 1872, la ruptura del Concordato con el Vaticano, la supresión de periódicos católicos en los que se atacaba a la nueva generación de liberales radicales centroamericanos. En este sentido, la férrea insistencia de parte de los sectores católicos y conservadores de que con la llegada de Santiago González al poder y la fundación de la Logia masónica “Progreso Nº 5” había iniciado una era de terribles y lamentables cambios en la conducción política del Estado

A la luz de todas estas consideraciones, sería un error, a mi juicio, considerar que las únicas motivaciones que tenían los Presidentes salvadoreños para convocar a una nueva Constitu­yente durante los años 1871-1886 era que se aprobara su reelec­ción o se ampliara el período presidencial. Aunque los deseos de eternizarse en el poder tanto ayer como ahora han sido una poderosa motivación para convocar a una Constituyente, para la clase política de liberales secularizantes y masones, cada Cons­tituyente era una nueva oportunidad para ir profundizando en el proceso de transformación del Estado desde los ya vetustos, anacrónicos y ahora reaccionarios principios del liberalismo católico hispánico a los principios más avanzados del moderno liberalismo laicizante; pero también cada Constituyente era una oportunidad más para que conservadores y católicos hicieran importantes críticas a este proceso de transformación y pedir su reversión al estado de cosas en que había dejado al país la conservadora Constitución de 1864, cuyo Congreso Constitu­yente había hecho un esfuerzo por no romper con el paradigma del liberalismo católico español. Y las mismas resistencias se producían cada vez que liberales radicales y masones intentaban introducir leyes que transformaran el carácter católico de la edu­cación o promovieran la educación intelectual de la mujer, etc.

A mi parecer, pues, hubo significativas rupturas ideo­lógicas y de políticas de Estado entre las Constituciones de 1864 y la de 1871, y estas diferencias se fueron haciendo cada vez más amplias a lo largo de las restantes que fueron sien­do aprobadas hasta llegar a la de 1886; es decir, cada nueva Constituyente iba reafirmando las conquistas del liberalismo laicizante ya logradas, e introduciendo nuevas –quizás las que se atrevían a introducir o las que tuvieron éxito en imponer del amplio catálogo de reformas que incluía el proyecto Liberal de secularización del Estado. Y sobre todo no puede obviarse que muchas de estas políticas secularizantes se estaban tratando de implementar en países tan distantes como Francia o Bélgica o Alemania. Recuérdese, por ejemplo, que Bismark expulsó a los Jesuitas de Alemania en 1872, es decir el mismo año que lo hizo Guatemala y El Salvador.

Por ello sostengo que las reformas políticas liberales salvadoreñas deben ser definidas más precisamente como “se­cularizantes”. Es claro que liberales radicales y masones estaban convencidos de que los tiempos habían cambiado, que ahora sí les había llegado su turno para implementar las políticas que las generaciones anteriores de liberales radicales soñaron con hacer realidad, pero con resultados catastróficos. Me refiero a las generaciones de Mariano Gálvez, de Francisco Morazán, pero también a la de Gerardo Barrios, Manuel Suárez y Manuel Irungaray. Ciertamente la tarea seguía siendo harto difícil, las resistencias del clero y de los católicos seguían siendo podero­sas.

Pero la historia demostró al final –al menos en el caso de El Salvador- que liberales secularizantes y masones estaban en lo correcto: el tiempo les favorecía. La permanencia desde entonces del espíritu laico de las Constituciones de 1885 y 1886 es una buena prueba de esta afirmación.