Género, Ciudadanía Y Cultura Política En El Salvador (1930-1959)

lunes, 11 de marzo de 2013

El patriarcado (Martinista) y el voto femenino.

El suficientemente conocido del carácter represivo del régimen del general Maximiliano Hernández Martínez, distintos autores han destacado este hecho; matizándolo a veces con la denominación “patriarcal” o “benevolente”, según se aprecian con signo positivo algunas de sus manifestaciones.

El general Hernández Martínez no solo reprimió toda oposición política, consolidando el sistema de partido oficial; al mismo tiempo, el régimen “MARTINISTA” es el inicio de muchos cambios estructurales asociados con la modernización del estado, la interpretación más aceptada indica que tales cambios fueron producto de la acción de un sector modernizante dentro de la elite nacional, en especial de personas vinculados con la burocracia del estado.

El hecho de que la dictadura fuera retrograda en el campo político no implica que la sociedad civil haya quedado completamente congelada a lo largo de esos 13 años, muy por el contrario existen claros indicios que no solo se producían cambios a nivel del estado; sino que la sociedad se permeaba de concepciones y prácticas que rompían con los patrones del pasado; uno de los más interesantes indicios de cambios culturales en la sociedad civil fue la del voto femenino en 1939. Este hecho prácticamente es ignorado por la literatura Martinista y mucho menos ha sido objeto de análisis o interpretaciones. Todas las referencias al voto femenino se concentran en la Constitución de 1950; en 1939 se concedió con algunas limitaciones relativas a la edad y educación de las mujeres. Pero se puede ir todavía más atrás de 1939 para encontrar varios importantes hitos en la lucha por el sufragio femenino. Uno de los más sorprendentes episodios de una historia que todavía hay que escribir por completo fue un intento tan atrás como en 1930 se hacen efectivos los derechos políticos de la mujer.

La figura central de este evento Doña Prudencia Ayala, conocida poetista y apasionada centro americanista, que en ocasión de las elecciones de 1930 las que llevarían al poder efiramente a Don Arturo Araujo.Este asombro se mezcló con el pánico de comprobar que la solicitud podría tener un efectivo asidero legal por el hecho que la constitución vigente la de 1886, no se había cuidado de negar explícitamente los derechos políticos a la mujer.

La ley electoral de la época tampoco hacia distinciones en ningún tipo de modo de que hecho la interpretación estaba dependiendo del sobreentendido puramente cultural que las mujeres debería estar excluidas del ejercicio de los derechos políticos; en alcalde capitalino, declaro que la mujer no tenía derecho al voto, la mayoría de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ante la cual había recurrido en amparo Doña Prudencia, antes que verse avocados a una interpretación sin asidero legal, optaron por denegar la demanda por razones puramente procesales, sin llegar en ningún momento a conocer el fondo de la demanda.

Sin embargo es de observar que en ningún momento se discutió si el derecho al voto femenino existía ya en la antigua constitución. Antes bien, la reforma de 1939 se presentó como una absoluta novedad, lo que ha hecho al olvido la posible inconstitucionalidad de la negación del voto femenino en 1930.

La revolución del 48 y la organización de las mujeres.

La estimable literatura del periodo prudista coincide en ver la revolución de diciembre de 1948, como el inicio de modernización que no tenía precedentes en el país. Por primera vez se iba a centrar toda la política económica en una idea del desarrollo, cuyo principal gestor sería un estado remodelado, y su beneficiario principal un sector “modernizante” del capital salvadoreño.

Distintos estudios también han revelado las limitaciones de este proyecto, y su paulatina declinación en distintas áreas. No fue cierto que el capitalismo modernizante salvadoreño pudiera cortar su cordón umbilical con la oligarquía agroexportadora y financiera. Por otro lado, el militarismo desde muy temprano se consolido en gran medida gracias al presidente Osorio (1950-1956), diestro en los juegos de poder dentro de una institución que siempre estuvo bajo su control pero la que nunca intento encausar por un sendero democrático. Su sucesor, Lemus (1956-1960), pese a que en algunos aspectos era portador de un discurso más civilista, era igualmente una ferviente creyente en la doctrina del ejército (Brazo armado del pueblo), tutelar de las conquistas revolucionarias. A su debido tiempo, ese brazo se volvió en su contra y fue depuesto por un golpe de estado en Octubre de 1960.

Uno de los aspectos más notables del dinamismo político que observamos en el periodo de 1948 a 1959, sobre todo en los primeros años, fue el intento de conformar un movimiento social de apoyo al proyecto gubernamental incorporando en el mismo a muy diversos sectores sociales. Este intento tuvo mucho del populismo que en Latino América desde ya muchos años persistiendo junto con el modelo de partido oficial a lo largo de las dos décadas siguientes. Una vez formado el PRUD para las elecciones de 1950, en su interior se constituyeron sectores como el PRUD OBRERO y el PRUD INTELECTUAL y el PRUD FEMENINO.

Para 1945 había aparecido la tribuna feminista, como órgano de la Asociación de Mujeres Democráticas de El Salvador, bajo la dirección de Rosa Amelia Guzmán y Ana Rosa Ochoa, silenciadas como el resto de la prensa contestataria, durante los periodos de Osmin Aguirre y Castañeda Castro (1944-1948), con la revolución del 48 estos movimientos femeninos adquirieron un nuevo dinamismo; en 1951, el gobierno patrocino con entusiasmo un seminario de Consejo Internacional De Mujeres CIM, el cual fue atendido y promocionado por algunos de los más altos exponentes del régimen.

A su vez existieron dos proyectos de una república unitaria. La primera en 1862, cuando Honduras, El Salva­dor y Nicaragua presentaron un proyecto titulado República de Centroamérica; los organizadores eran el nicaragüense Máximo Jerez y el salvadoreño Gerardo Barrios. La división político-administrativa sería a partir de seis provincias –dos por cada uno de los estados mencionados–, en la provincia de San Miguel, de El Salvador, se establecería el distrito del Gobierno Nacional. En esta desaparecían los estados consti­tuidos, por ello no habría jefe de estado, sino un gobernador de la provincia. Para dar inicio, se convocaría a un congreso nacional constituyente y el presidente de Guatemala ejercería el gobierno interino.

La segunda iniciativa fue presentada en 1885. El presi­dente de Guatemala, Justo Rufino Barrios, emitió un decreto donde proclama la unión de Centroamericana en una república unitaria; al mismo tiempo asumía, de forma interina, como supremo jefe militar de Centroamérica. Convocó a una asam­blea general, compuesta por 15 delegados por cada uno de los estados. El órgano legislativo debía elaborar una constitución, designar la capital y la residencia de los supremos poderes. Los propósitos antes expuestos no prosperaron debido a las guerras entre los estados.

Las últimas pretensiones de organización política se die­ron a finales del siglo XIX y durante la década de 1920. Entre los años de 1895 y 1898, se propició la República Federal de los Estados Unidos de Centro América, retomando el modelo de 1824. Esta vez, se elaboró una Carta Magna, que definió las funciones del poder legislativo en dos cámaras, la de diputa­dos y la de senadores; el ejecutivo ejercido por un presidente y el judicial en la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, los conflictos entre los gobernantes derrumbó el plan.

Durante las primeras décadas del siglo XX, se dieron iniciativas para propiciar la estabilidad del istmo. En 1907, contando con el respaldo de los presidentes de Estados Unidos y de México, se desarrollaron en Washington las Conferencias Centroamericanas de Paz. De estas negociaciones se firmaron varios documentos: el Tratado de Paz y Amistad; la Con­vención Adicional al Tratado General; la Convención para el Establecimiento de una Corte de Justicia Centroamericana; el Protocolo Adicional a la Convención de la Corte; la Convención de Extradición; la Convención para el Establecimiento de una Oficina Internacional Centroamericana; la Convención para el Establecimiento de un Instituto Pedagógico Centroamericano; la Convención de Comunicaciones y la Convención sobre Fu­turas conferencias Centroamericanas.

La cercanía de los festejos del primer centenario de la Independencia y la iniciativa de un grupo de políticos e in­telectuales centroamericanos dieron vida a otro proyecto. El Pacto de Unión de Centroamérica, firmado en San José, Costa Rica, el 19 de enero de 1921, convocó a una Asamblea Consti­tuyente. La constitución firmada en septiembre del mismo año establecía una gobierno federal, como el de 1824 y 1895. Pero la tan anhelada república centroamericana se vino abajo. Dos factores influyeron, la inestabilidad política interna de algunos estados y las presiones del gobierno norteamericano a quien no convenía tal iniciativa.

Pugnas entre liberales y conservadores (1841-1876)

El 18 de febrero de 1841, una Asamblea Constituyente proclamó la separación de El Salvador de la Federación Centroamericana y aprobó su primera Constitución Política como Estado soberano e independiente. Pero fue hasta el 25 de enero de 1859 que el parlamento salvadoreño emitió el Decreto Legislativo que proclamó al Estado de El Salvador como República soberana e independiente

Durante las tres décadas siguientes a la desintegración de la República Federal, El Salvador vivió un período de gran inestabilidad política, debido a la rivalidad entre liberales y conservadores, a los conflictos con los Estados vecinos, y a la falta de consolidación de la identidad nacional. La lucha por el gobierno entre las dos facciones, llegó al extremo que estando uno de los dos grupos en el poder, el otro partido no dudaba en pedir ayuda a los países vecinos para derrocar al gobierno contrario, por lo que en este período hubo frecuentes insurrecciones y revueltas, manteniéndose un clima constante de guerra civil.

En Centroamérica, los liberales apoyaban el reconocimiento legal de las libertades individuales, la liberalización del comercio, la separación entre Iglesia y Estado, además de defender el unionismo centroamericano; mientras, los conservadores, por el contrario apoyaban mantener muchas de las instituciones coloniales, la colaboración entre autoridades civiles y eclesiásticas, y preferían la independencia de cada país de la antigua Federación.

El caudillismo

Hay que considerar que tanto la facción liberal como la facción conservadora estaban organizadas en torno a liderazgos personalistas (caudillistas). Este fenómeno hacía que no hubiera ejércitos institucionales y que cada caudillo reclutara su propia milicia. En Centroamérica, el máximo caudillo liberal fue el hondureño Francisco Morazán y el principal caudillo conservador fue el guatemalteco Rafael Carrera y Turcios, ambos tenían seguidores en El Salvador. Los caudillos salvadoreños como Gerardo Barrios (liberal) y Francisco Malespín y Francisco Dueñas (conservadores) representaron estas posiciones antagónicas.

El primero de los caudillos locales de El Salvador fue Francisco Malespín quien gobernó desde 1840 hasta 1845. Primero indirectamente, a través de los presidentes Norberto Ramírez, Juan Lindo y Juan José Guzmán, y a partir de 1844 directamente como presidente, sin embargo a los pocos días de asumir el poder, Malespín decide invadir Nicaragua y dejó al mando al general Joaquín Eufrasio Guzmán. Gerardo Barrios, seguidor de Morazán, que había intentado derrocar a Malespín anteriormente, aprovechó su ausencia y convenció a Guzmán para asumiera como presidente (1845–46); le sucedieron Eugenio Aguilar (1846-48) y Doroteo Vasconcelos (1848-51). Francisco Malespín ayudado por Rafael Carrera intenta inútilmente recuperar el poder hasta que es asesinado en 1846. El presidente Doroteo Vasconcelos, cometió el error de enemistarse con Rafael Carrera, desconociendo a su gobierno, apoyando a los liberales guatemaltecos y repatriando desde Costa Rica, con honores, los restos de Morazán. Vasconcelos invadió Guatemala y fue derrotado en la Batalla de la Arada en febrero de 1851, concluyendo así, el primer período de gobierno de los liberales.

Los conservadores salvadoreños eligieron como presidente a Francisco Dueñas quien gobernó entre 1851 y 1854, y bajo su influencia se sucedieron José María de San Martín (1854-56), Rafael Campo (1856-58) y Miguel Santín del Castillo (1858). Durante este período se produjo el decaimiento de la producción añilera a causa por la invención de los colorantes sintéticos en Europa. El cultivo de la planta de jiquilite de la que se extrae el colorante azul índigo o añil había sido la base de la economía del país desde el período colonial.

En 1856 los países centroamericanos se unieron para atacar a William Walker que se había apoderado del gobierno de Nicaragua. El presidente Rafael Campo nombró a Gerardo Barrios como jefe de las fuerzas salvadoreñas destinadas a Nicaragua. A su regreso, victorioso, Barrios derrocó a Miguel Santín y en 1859 se proclamó presidente. Durante su gobierno, el presidente Barrios introdujo masivamente el cultivo del café en el país y fomentó la instrucción pública. A pesar de que Barrios trató de no enemistarse con Rafael Carrera, finalmente llegaron a la confrontación bélica y las fuerzas salvadoreñas son nuevamente derrotadas. De nuevo es Francisco Dueñas nombrado presidente en octubre de 1863, manteniéndose hasta 1871 con el apoyo de Guatemala.

En abril de 1871, el liberal Santiago González derrocó a Dueñas, lo que marca el triunfo de los liberales. En su gobierno que se prolongó hasta 1876, se proclamó la libertad de cultos, se secularizaron los cementerios, se legalizó el matrimonio civil, se introdujo la educación laica y se suprimieron las órdenes religiosas

La disputa por los ingresos fiscales, las invasiones fede­rales, las divisiones a lo interno de cada estado, la posibilidad de establecer relaciones comerciales externas propias, la falta de un mercado interno, la disputa por la hegemonía entre los gobernantes, la falta de mecanismos de resolución de conflic­tos, la falta del consenso y de alianzas, la persistencia de una ciudadanía local y no centroamericana han sido señalados como limitaciones para poder organizar la patria grande. Los nuevos intentos que surgieron en la década de 1950 y 1960 ya no son de carácter político, sino económico.