miércoles, 13 de marzo de 2013
La mayoría de estudiosos de la guerra civil establecen su
inicio en 1981. Sin embargo, hay que hacer notar que desde principio
de los años setenta surgieron varias organizaciones armadas revolucionarias,
tales como las Fuerzas Populares de Liberación (FPL, en 1971), el Ejército
Revolucionario del Pueblo (ERP, en 1972) y a mediados de la década las Fuerzas
Armadas de Resistencia Nacional (FARN, en 1975) y el Partido Revolucionario de
los Trabajadores Centroamericanos (PRTC en 1976) que ejecutaron acciones militares
en contra de los cuerpos de seguridad, secuestros de prominentes empresarios y
políticos y asaltos a bancos. Los fraudes electorales de 1972 y 1977
convencieron a estos grupos que no era posible llegar al poder por la vía
electoral, ya que los militares no estaban dispuestos a entregar el gobierno a
la oposición.
Ante el crecimiento de la protesta social y las acciones armadas de las
organizaciones revolucionarias, el 15 de octubre de 1979 un grupo de oficiales
llevó a cabo un golpe de Estado contra el presidente Gral. Carlos Humberto
Romero (1977- 1979) con el propósito de detener el proceso revolucionario. Los
militares golpistas se comprometieron a ponerle paro a las violaciones a los
derechos humanos y a la violencia política; también anunciaron la
implementación de una reforma agraria, la nacionalización de la banca y el
comercio exterior con el propósito de redistribuir de manera equitativa la
riqueza del país. A los pocos días del golpe se conformó una junta
revolucionaria de gobierno integrada por dos militares y tres civiles, pero
esta no fue capaz de controlar el espiral de violencia. En enero de 1980 la
junta se desintegró al renunciar los miembros civiles. Una nueva junta se
conformó esta vez producto de un pacto entre el Partido Demócrata Cristiano,
hasta ese momento el principal partido de oposición y la FAES.
En octubre de 1980, las
organizaciones políticos militares que actuaban cada uno por su cuenta
decidieron constituirse en una sola organización el FMLN, estaría conformado
por el ERP, las FPL, la FARN, el Partido Revolucionario de los Trabajadores
Centroamericanos (PRTC) y las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL) el brazo
armado del Partido Comunista Salvadoreño que por años se había negado a
participar en la lucha armada.
El 10 de enero de 1981 el recién fundado FMLN llevó a cabo una ofensiva
militar denominada “Ofensiva Final” con la que pretendía insurreccionar a las
masas, atacar los cuarteles y principales ciudades y la sublevación de los
militares que apoyaban un cambio político. La ofensiva duró aproximadamente
diez días y aunque no logró el objetivo de insurreccionar a la población y
tomar el poder por la vía armada, sí dejó claro que el FMLN era una fuerza
político militar. En septiembre, fue reconocido como fuerza beligerante por
parte de México y Francia. El gobierno y la FAES se propusieron eliminar a la
insurgencia, lo que dio lugar a una guerra a gran escala. La Fuerza Armada
desarticuló las redes de apoyo urbano del FMLN por lo que este se replegó a las
áreas rurales. Lanzó grandes operativos para aniquilar a la guerrilla; pero a
pesar de la ventaja cuantitativa y logística de la FAES, por ejemplo el uso de
helicópteros que le daban mayor movilidad a las tropas y los batallones de infantería
de reacción inmediata entrenados en Estados Unidos, le fue imposible derrotar
militarmente al FMLN. A mediados de 1981, El Salvador estaba en plena guerra,
el FMLN había logrado controlar ciertas regiones del país especialmente en el
oriente, el norte y la zona paracentral. Aunque después de la llamada “ofensiva
final” había quedado en situación defensiva, poco a poco recuperó su capacidad
de ofensiva más permanente.
La estrategia gubernamental y de los Estados Unidos
consistía en impulsar los procesos electorales para restarle legitimidad al
FMLN. El 27 de marzo de 1982 se eligió una Asamblea Constituyente para que
preparara una nueva constitución. El FMLN rechazó las elecciones por considerar
que la maquinaria electoral estaba en manos de aquellas fuerzas que habían sido
culpables de los fraudes electorales, por lo que incrementó sus acciones
armadas a través de ataques militares a diferentes cuarteles, posiciones de
avanzada de la FAES, sabotaje a la infraestructura económica, ocupaciones de
poblados, etc. La derecha resultó ser la gran ganadora de la elección por lo
que tomó el control de la Asamblea Constituyente. Eligió presidente provisional
a Álvaro Magaña, un banquero con fuertes lazos con los militares. La Asamblea
Constituyente frenó las reformas agraria y bancaria que había impulsado la
Junta Revolucionaria de Gobierno instalada después del golpe de Estado de 1979.
A la altura de 1984 la guerra se había prolongado por cuatro años, pero no
se visualizaba en el horizonte inmediato la posibilidad de triunfo militar para
alguna de las partes en conflicto. En las elecciones presidenciales de ese año
se enfrentaron los candidatos de los dos partidos políticos más importantes, el
Ing. José Napoleón Duarte del PDC y el mayor Roberto D´aubuisson de Alianza
Republicana Nacionalista (ARENA) un partido de derecha fundado en 1981. Duarte
apoyado por los Estados Unidos resultó vencedor en segunda ronda con un 53.6 %
de los votos válidos. El nuevo Presidente convocó a un diálogo con la
dirigencia del FMLN. Sin embargo, a pesar de producirse varios encuentros entre
representantes del gobierno y dirigentes de los alzados en armas no se logró un
acuerdo negociado al conflicto. La presidencia de Duarte finalizó en marzo de
1989 sin conseguir la finalización del conflicto.
Diálogo-negociación para
finalizar la guerra civil
En junio de 1989 asumió
la presidencia el candidato del partido ARENA, Alfredo Cristiani quien hizo un
llamado al diálogo con el FMLN. En septiembre es suscrito un acuerdo entre
representantes del gobierno y el FMLN en el que se comprometen a reanudar el
diálogo suspendido en 1987. Sin embargo el 3 de noviembre el FMLN suspende su
participación en el diálogo iniciado en México. Días después lanza una ofensiva
militar denominada “Al tope y punto” que alcanzó a las principales ciudades del
país y puso en jaque al ejército. Aunque el llamado a la insurrección que hizo
el FMLN no tuvo éxito quedó claro que no había posibilidades de una victoria
militar de alguno de los bandos en pugna. En el marco de la ofensiva militar
fueron asesinados seis sacerdotes jesuitas de la Universidad Centroamericana.
Este hecho conmocionó a la opinión pública y terminó de desacreditar al
ejército. Lo que se tradujo en una presión para que el gobierno asumiera la
negociación seriamente.
En abril de 1990 se
reiniciaron las pláticas de paz, con intermediación de la Organización de la
Naciones Unidas (ONU). En diciembre de ese año el FMLN lleva a cabo otra
ofensiva militar en la que se derribaron los primeros aviones con misiles
tierra-aire. El año 1991, las acciones armadas disminuyeron mientras la
negociación avanzaba favorablemente. El 27 de abril se firmó el acuerdo de
ciudad de México donde se dieron por finalizadas las negociaciones en lo que
respectaba a tenencia de tierras y se incluyeron reformas constitucionales de
orden judicial, militar, electoral y de derechos humanos. A finales de
diciembre se estableció la fecha para la firma de los Acuerdos de Paz. El 16 de
enero de 1992 se firmó en el castillo de Chapultepec (México) el texto completo
de los Acuerdos, con lo que se ponía fin a la guerra que consumió las energías
salvadoreñas a lo largo de la década de los ochenta.
Los Acuerdos de Paz: ¿refundación de la República?
Sobre la refundación de
la República
Los Acuerdos de Paz firmados en enero de 1992 fueron un pacto entre el
Gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional, FMLN. El documento comprometió al Estado a realizar cambios
institucionales estratégicos que serían una alternativa al ordenamiento
político que, aunque ya agotado, habían provocado este conflicto armado. Veinte
años más tarde, ¿puede determinarse si los pactos sentaron las bases para la
refundación de la república salvadoreña?
Transcurridos 11 años de la firma de estos Acuerdos, el
Secretario General de las Naciones Unidas anunció el 20 de diciembre de 2002
que la función de verificación de este organismo en El Salvador había llegado a
su fin. Planteó que los 4 objetivos principales pactados por el gobierno y el
FMLN –“el fin de la guerra, el pleno respeto a los derechos humanos, la
democratización y la reconciliación– se habían logrado o estaban bien
encaminados”. “El Salvador de 2002 es un país transformado”, decía al afirmar
que el FMLN se había integrado en forma completa a la institucionalidad
política nacional, que las Fuerzas Armadas se habían reformado y retirado de la
vida política y que la impunidad ya no era la norma de las instituciones del
estado.
Pero también reconocía que El Salvador se integraba a la vida nacional,
regional y hemisférica, “con instituciones aún frágiles, una cultura política
endeble y amplias desigualdades socio-económicas”, tal como sostuvo el Informe
sobre Desarrollo Humano de 2005. La polarización, la dificultad para alcanzar
nuevos acuerdos políticos y la reducida participación ciudadana en la vida
política y en los partidos, eran otros aspectos deficitarios del proceso en
ese momento.
En la actualidad, el cumplimiento del vigésimo aniversario de los Acuerdos
de Paz se dará en un entorno de opiniones encontradas. Para unos, no merecería
ser celebrado porque sus logros se estancaron o retrocedieron sin variar las
condiciones socioeconómicas que generaron el conflicto armado; para otros debe
ser festejado por todos porque su éxito e impacto ha sido casi total y de
carácter integral en la actual institucionalidad de la sociedad y del orden
político. Entre estos extremos muchas opiniones son muy amigables con los
acuerdos y los evalúan con magnanimidad, acercándose a cualquiera de los polos
dependiendo del aspecto que analizan. Todos, no obstante, reconocen la
significación histórica del evento.
En efecto, la evaluación de la refundación es una tarea aún muy difícil ya
que es un período vital en el que muchos actores –los analistas, historiadores
e intérpretes incluso– todavía están siendo afectados, influenciados, por
consecuencias de las decisiones de ese momento o por las formas en que se
implementaron e implementan las mismas. Desde la perspectiva de la formación
de las nuevas instituciones y estructuras, también es atinente preguntarse si
veinte años son suficientes para captar si las instituciones que se querían
eliminar han sido sustituidas en realidad, si la nuevas son irreversibles, si
se consolidan –y cuáles han sido sus formas de consolidación–, o si solo han
logrado “cambiar para no cambiar”. Hay mucho que discutir, pero algo es real,
nuestra realidad actual fue moldeada –en gran manera– por los acontecimientos
que se desataron o amarraron a inicios de la última década del siglo XX, con
los Acuerdos de Paz. La sociedad salvadoreña había llegado a un momento
conflictivo de cambios, empantanados en un trágico equilibrio de las armas, y
los Acuerdos aceleraron la posibilidad de muchos de ellos. A propósito,
recordando al historiador británico Eric Hobsbwan, nuestro siglo XXI quizás sea
de los “largo” pues se inició en la última década del XX en que terminó “una
época de la historia del mundo” y que en El Salvador tuvo lugar el final del
último conflicto de la “guerra fría” y el primer proceso de paz en una nueva
fase de la globalización.
La guerra y la paz han sido manifestaciones irrebatibles que nuestra
sociedad, nuestra economía, nuestra institucionalidad política, nuestro
Estado, nuestra vida social y nuestra cultura requieren de cambios
consistentes, profundos, apoyados por todos, para abrir y fortalecer la vida
pública y sus instituciones; es decir para construir una república fraterna,
equitativa, democrática, incluyente y generosa. Es el llamado de atención que
requerimos bases éticas para erradicar la violencia, garantizar la justicia y
hacer vigentes, exigibles, los derechos sociales.
¿Cuánto hemos avanzado en la acción creadora de esta nueva república que,
al menos desde hace dos décadas de paz, inició su refundación? ¿Qué debemos
reformular, qué debemos acelerar, qué nuevos elementos debemos incluir? ¿Cómo
debemos discutir estos aspectos? A continuación se hace un breve recuento de
las acciones que llevaron a realizar los Acuerdos de Paz en El Salvador y a
iniciar nuevas rutas de búsqueda de cómo refundar la república que todavía se
debate entre lo posible y lo deseado.
Situación socioeconómica
y política previa a la guerra en El Salvador
Previo a la guerra civil
de la década de 1980, la sociedad y el estado salvadoreño habían adquirido,
desde inicios del siglo XX, características excluyentes, autoritarias y
represivas. Los derechos humanos, los proyectos sociales y la democracia no
tenían existencia real y siempre fueron reivindicaciones presentes en todas
las protestas populares. Cambiar las instituciones, las relaciones entre los
grupos sociales que habían permitido esta injusta estructuración social, es
decir cambiar cómo se había configurado y mantenía sin alteración la república
(“la cosa pública”), el estado, las formas de gobierno y manejo de la economía,
de las leyes, de cómo se seleccionan y cambian autoridades y funcionarios
públicos, de cómo participan los ciudadanos, de cómo se reconocen sus derechos,
durante ese medio siglo era la exigencia y la fuerza para establecer mejores
normas de convivencia, más equitativas, incluyentes, participativas y
democráticas. Después de agotar el uso de las difíciles vías electorales de
entonces, incluso del uso del golpe de estado, el de 1979, de las de
movilizaciones pacíficas de masas, presiones sindicales y gremiales, la guerra
civil se desata en forma inevitable y dura doce largos años (1980-1992).
Hacia los Acuerdos de
Paz
Con la guerra de la década de 1980, las iniciativas de paz, nacionales e
internacionales, tuvieron diferencias de pocos años en su surgimiento; en
realidad el FMLN abrió la vía del diálogo desde 1981. Solo cuatro años después
de iniciada la guerra, el gobierno demócrata cristiano aceptó iniciar reuniones
para la pacificación del país, abriendo una primera fase de negociación en la
cual no hubo resultados firmes de negociación.
Fase de inicio de diálogo: 1984 – 1989
Esta fase tuvo una
duración de 5 años, aunque sin productos concretos. Hubo gran cantidad de
reuniones públicas y privadas entre el gobierno y la guerrilla en las que se
intercambiaron diversas propuestas que no lograron llevar a una real
negociación. En este período, también surgió una movilización social
(gremial/sindical), cercana al partido oficial demócrata-cristiano, para apoyar
la negociación de la paz.
A nivel internacional, aparece el Grupo Contadora (1983), formado por
México, Panamá, Colombia y Venezuela, que impulsaron salidas negociadas para
Nicaragua y El Salvador. Dos años después, Brasil, Perú, Argentina y Uruguay
forman el “Grupo de Apoyo” a Contadora. Además de mucha actividad
internacional, hubo amplios estudios para preparar propuestas que se llevaron
a numerosas reuniones entre los gobiernos centroamericanos y los grupos alzados
en armas, aunque sin resultados efectivos. Costa Rica propone el acuerdo
Esquipulas II (1987), conteniendo estrategias para eliminar obstáculos a la
negociación de los países con conflictos, que logra el apoyo de todos los
presidentes centroamericanos.
Fase negociadora: 1990-1992
La segunda fase es prácticamente el fin del conflicto a partir de la
aceptación de las partes de la intervención de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) en las negociaciones a las cuales se presentaron propuestas muy
concretas que, una vez acordadas, contaron con el seguimiento y verificación de
las Naciones Unidas.
El primer paso, dado el 15 de septiembre de 1989, consistió en el anuncio,
en forma conjunta, del gobierno (ARENA estaba conduciéndolo ya en este momento)
y del FMLN, del inicio del proceso de diálogo para terminar con la guerra, para
lo cual se había invitado al Secretario General de la ONU. Entre diciembre de
1989 y enero de 1990, ambos actores en forma individual hicieron la invitación
a Javier Pérez de Cuellar, Secretario General de la ONU. Esta organización
nombró como delegado representante del Secretario General en el proceso de
negociación a Álvaro de Soto.
En el año 90, la negociación avanzó en la definición de
sus objetivos, la agenda de acuerdos previos a la finalización del conflicto y
de la firma de la paz, y la discusión sobre derechos humanos. Como había
sucedido en la primera fase de discusiones con el gobierno de Duarte, el tema
de la Fuerza Armada fue un impasse prolongado.
Es indudable, la política fue el espacio que se privilegió en las
discusiones de los Acuerdos de Paz, aunque otros temas, como los
socioeconómicos y legales estuvieron presentes. La Agenda de la paz fue
definida desde la perspectiva de una reforma política que posteriormente
permitiera la reformulación en otros campos de acción. Otra característica que
signó a los acuerdos es la fuerte presencia de la comunidad internacional,
anticipando lo que sería la globalización en la resolución de los actuales problemas.
Es importante enfatizar que las bases de la refundación de la república a
partir de los Acuerdos están ligadas a procesos y resultados a la
institucionalización política en el ámbito de la democratización y que fueron
integradas a la Constitución. En forma muy resumida los logros fueron:
1. Exitoso e irreversible proceso de separación de
fuerzas enfrentadas y cese al fuego, sin mayores
contratiempos ni rupturas.
2. Desmilitarización del Estado y de las instancias
políticas que significaron un cambio institucional de la Fuerza
Armada: subordinación del poder militar a las autoridades civiles
constitucionalmente elegidas y salida de los militares del sistema político y
de la conducción política del Estado. Otros aspectos importantes fueron:
• La reforma doctrinaria y del sistema educativo de la
Fuerza Armada;
• La reducción en el número de efectivos y presupuesto
militar;
• La reorganización de los servicios de inteligencia del
Estado y reforma del servicio militar;
• La separación de la función e institucionalidad responsable
de la defensa nacional y de la seguridad pública;
• La disolución de los anteriores cuerpos de seguridad y
la creación de una nueva Policía Nacional Civil y una institución formativa de
la misma, la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP).
3. La nueva institucionalidad para la democracia
electoral como único medio legítimo de acceso al poder del Estado.
• La creación del nuevo Tribunal Supremo Electoral y el
nuevo Código Electoral con nuevas reglas básicas que permitieran elecciones
libres, limpias y competitivas.
• Reconversión de la guerrilla como partido político que
amplió el espacio de la competencia política.
4. La creación de condiciones para la vigencia
del Estado de Derecho:
• Creación de la Procuraduría para la Defensa de los
Derechos Humanos,
• Mejoría en el respeto a los derechos humanos en
general, y a los derechos civiles y políticos en particular;
• Así como múltiples medidas orientadas al fortalecimiento
de la autonomía de los órganos del Estado y la profundización de la reforma
judicial.
• Creación de una institución protectora del consumidor
(hoy Defensoría del Consumidor)
5. Reformas y la creación de nuevas instituciones, que
han configurado el nuevo sistema político de posguerra: medidas legislativas
para garantizar a los excombatientes del FMLN el pleno ejercicio de sus
derechos civiles y políticos, y programas de reincorporación, dentro de un
marco de plena legalidad, a la vida civil, política e institucional del país.
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