Déficit de los Acuerdos de Paz
jueves, 14 de marzo de 2013
Es importante señalar
que a veinte años de los Acuerdos de Paz, la percepción ciudadana señala, al
menos, 5 desafíos principales que debe enfrentar el país para continuar el
proceso efectivo de refundación de la república:
1. En el espacio de la reforma política y la democracia
Los partidos políticos no han
realizado transformación interna en sus estructuras legales, formas de operar y
gestión política de las mayores cuotas de poder y funciones asignadas, teniendo
como resultado: o UNA CRISIS DE REPRESENTACIÓN: o Desvinculación con
ciudadanía y niveles bajos de democracia interna o Formas de acción arbitrarias
y mayor poder de los dirigentes • Tribunal Supremo Electoral limitado por
integración partidaria a actuar con equidad y objetividad institucional. TAREAS
INMEDIATAS: • Avanzar en la reforma política democrática; La
despartidización del TSE; • Separación de la función administrativa y jurisdiccional
en el organismo electoral; • Reorganizar las circunscripciones electorales para
mejorar sistema de representación; • Introducción de la pluralidad en los
gobiernos locales; • Voto residencial y voto en el exterior; • Discusión sobre
nuevas figuras participativas como el referéndum y el plebiscito • Promulgar
una LEY DE PARTIDOS que regule formas de operar internas y externas,
cuotas representativas de género en sus cargos, financiamiento estatal y
privado.
2. Funcionamiento de la República y de los sistemas
de partidos
Recrudecimiento en la
polarización y confrontación política entre los dos principales partidos •
reduce la capacidad de diálogo y entendimiento entre los dos partidos
mayoritarios y administrar sus diferencias y construir acuerdos • limitado la
capacidad de construir acuerdos entre los distintos partidos, y entre éstos y
el Órgano Ejecutivo y Legislativo • proceso de aprobación de leyes en el Órgano
Legislativo con poca discusión y sin la apertura para escuchar a distintos
sectores de la sociedad • Las limitaciones propias de los mecanismos y espacios
existentes, que no permiten el involucramiento de la ciudadanía o de
organizaciones de la sociedad civil en la discusión de las políticas públicas
3. El abordaje de la temática económica-social
Para profundizar el
proceso democrático, es preciso abordar la tensión existente en el posconflicto
entre una lógica de inclusión política, acompañada de una lógica de exclusión
socio-económica • Esta valoración coexiste con importantes niveles de
insatisfacción acerca del funcionamiento de la democracia • Se alcanzó la paz y
se ha avanzado en el proceso de construcción de la democracia en el país, pero
esto no se ha traducido en mejorías en la situación económica para algunos
sectores de la población, o al menos no en relación con las expectativas que
habrían tenido • Una reconcentración del poder económico, es decir un proceso
de restricción de los espacios de participación de la riqueza económica • Es
necesario que la nueva institucionalidad aborde esta temática y procese las
distintas demandas sociales y económicas de la población, así como la necesidad
de impulsar mecanismos de concertación en el área económico-social
4. Reducir la inseguridad, la delincuencia y la
violencia
En el período del
posconflicto comienza a desarrollarse una preocupación ciudadana por la
delincuencia y la inseguridad • Se ha privilegiado un enfoque represivo, en
detrimento de los aspectos preventivos y de readaptación • Tensión entre la
exigencia de mejorar la seguridad y la necesidad de garantizar los derechos de
los ciudadanos • Una mejor coordinación y una labor integrada entre los
distintos operadores del sistema de seguridad y justicia, así como el
fortalecimiento de la investigación científica del delit
5. Fortalemiento del sistema judicial
Un fortalecimiento del
Órgano Judicial y de las instituciones que conforman el Ministerio Público
• Promover reformas a la organización y funcionamiento
del Órgano Judicial
• Como abordar el tema de la relación entre la CSJ y el
CNJ
Conclusión
Los déficits tienen diferentes procedencias, por un lado del carácter
incompleto de los Acuerdos de Paz, al no considerar los aspectos socio-económicos
y los del ámbito legal que hacen difícil una visión y una acción más integrada
y de conjunto. No obstante, los acuerdos en el campo político permiten
visualizar nuevas rutas para la refundación de una república más efectiva. El
otro origen proviene de la forma en que fue constituyéndose la
institucionalidad para consolidar y dar continuidad a los acuerdos en los que
pueden notarse limitaciones de carácter conceptual y de implementación o de
poca profundidad para prever las complejidades de la acción social y política.
Por otra parte, la cultura política anterior deja sentir sus recursos
inerciales que en forma imperceptible también impone su relativa continuidad.
Así, La refundación de
la república de El Salvador es un proceso abierto con veinte años de haberse
iniciado; tiene avances muy significativos en la desmilitarización del Estado y
la preeminencia del poder civil, incluso se hace necesario reflexionar como
evitar que en los sistemas civiles se realicen prácticas que excluyan la
representación ciudadana y se propicie el elitismo no-democrático. La
refundación tiene aún un largo camino pero hay avances consistentes que
prometen, si hay participación ciudadana un mejor futuro para la sociedad
salvadoreña.
El desenvolvimiento de la guerra civil
miércoles, 13 de marzo de 2013
La mayoría de estudiosos de la guerra civil establecen su
inicio en 1981. Sin embargo, hay que hacer notar que desde principio
de los años setenta surgieron varias organizaciones armadas revolucionarias,
tales como las Fuerzas Populares de Liberación (FPL, en 1971), el Ejército
Revolucionario del Pueblo (ERP, en 1972) y a mediados de la década las Fuerzas
Armadas de Resistencia Nacional (FARN, en 1975) y el Partido Revolucionario de
los Trabajadores Centroamericanos (PRTC en 1976) que ejecutaron acciones militares
en contra de los cuerpos de seguridad, secuestros de prominentes empresarios y
políticos y asaltos a bancos. Los fraudes electorales de 1972 y 1977
convencieron a estos grupos que no era posible llegar al poder por la vía
electoral, ya que los militares no estaban dispuestos a entregar el gobierno a
la oposición.
Ante el crecimiento de la protesta social y las acciones armadas de las
organizaciones revolucionarias, el 15 de octubre de 1979 un grupo de oficiales
llevó a cabo un golpe de Estado contra el presidente Gral. Carlos Humberto
Romero (1977- 1979) con el propósito de detener el proceso revolucionario. Los
militares golpistas se comprometieron a ponerle paro a las violaciones a los
derechos humanos y a la violencia política; también anunciaron la
implementación de una reforma agraria, la nacionalización de la banca y el
comercio exterior con el propósito de redistribuir de manera equitativa la
riqueza del país. A los pocos días del golpe se conformó una junta
revolucionaria de gobierno integrada por dos militares y tres civiles, pero
esta no fue capaz de controlar el espiral de violencia. En enero de 1980 la
junta se desintegró al renunciar los miembros civiles. Una nueva junta se
conformó esta vez producto de un pacto entre el Partido Demócrata Cristiano,
hasta ese momento el principal partido de oposición y la FAES.
En octubre de 1980, las
organizaciones políticos militares que actuaban cada uno por su cuenta
decidieron constituirse en una sola organización el FMLN, estaría conformado
por el ERP, las FPL, la FARN, el Partido Revolucionario de los Trabajadores
Centroamericanos (PRTC) y las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL) el brazo
armado del Partido Comunista Salvadoreño que por años se había negado a
participar en la lucha armada.
El 10 de enero de 1981 el recién fundado FMLN llevó a cabo una ofensiva
militar denominada “Ofensiva Final” con la que pretendía insurreccionar a las
masas, atacar los cuarteles y principales ciudades y la sublevación de los
militares que apoyaban un cambio político. La ofensiva duró aproximadamente
diez días y aunque no logró el objetivo de insurreccionar a la población y
tomar el poder por la vía armada, sí dejó claro que el FMLN era una fuerza
político militar. En septiembre, fue reconocido como fuerza beligerante por
parte de México y Francia. El gobierno y la FAES se propusieron eliminar a la
insurgencia, lo que dio lugar a una guerra a gran escala. La Fuerza Armada
desarticuló las redes de apoyo urbano del FMLN por lo que este se replegó a las
áreas rurales. Lanzó grandes operativos para aniquilar a la guerrilla; pero a
pesar de la ventaja cuantitativa y logística de la FAES, por ejemplo el uso de
helicópteros que le daban mayor movilidad a las tropas y los batallones de infantería
de reacción inmediata entrenados en Estados Unidos, le fue imposible derrotar
militarmente al FMLN. A mediados de 1981, El Salvador estaba en plena guerra,
el FMLN había logrado controlar ciertas regiones del país especialmente en el
oriente, el norte y la zona paracentral. Aunque después de la llamada “ofensiva
final” había quedado en situación defensiva, poco a poco recuperó su capacidad
de ofensiva más permanente.
La estrategia gubernamental y de los Estados Unidos
consistía en impulsar los procesos electorales para restarle legitimidad al
FMLN. El 27 de marzo de 1982 se eligió una Asamblea Constituyente para que
preparara una nueva constitución. El FMLN rechazó las elecciones por considerar
que la maquinaria electoral estaba en manos de aquellas fuerzas que habían sido
culpables de los fraudes electorales, por lo que incrementó sus acciones
armadas a través de ataques militares a diferentes cuarteles, posiciones de
avanzada de la FAES, sabotaje a la infraestructura económica, ocupaciones de
poblados, etc. La derecha resultó ser la gran ganadora de la elección por lo
que tomó el control de la Asamblea Constituyente. Eligió presidente provisional
a Álvaro Magaña, un banquero con fuertes lazos con los militares. La Asamblea
Constituyente frenó las reformas agraria y bancaria que había impulsado la
Junta Revolucionaria de Gobierno instalada después del golpe de Estado de 1979.
A la altura de 1984 la guerra se había prolongado por cuatro años, pero no
se visualizaba en el horizonte inmediato la posibilidad de triunfo militar para
alguna de las partes en conflicto. En las elecciones presidenciales de ese año
se enfrentaron los candidatos de los dos partidos políticos más importantes, el
Ing. José Napoleón Duarte del PDC y el mayor Roberto D´aubuisson de Alianza
Republicana Nacionalista (ARENA) un partido de derecha fundado en 1981. Duarte
apoyado por los Estados Unidos resultó vencedor en segunda ronda con un 53.6 %
de los votos válidos. El nuevo Presidente convocó a un diálogo con la
dirigencia del FMLN. Sin embargo, a pesar de producirse varios encuentros entre
representantes del gobierno y dirigentes de los alzados en armas no se logró un
acuerdo negociado al conflicto. La presidencia de Duarte finalizó en marzo de
1989 sin conseguir la finalización del conflicto.
Diálogo-negociación para
finalizar la guerra civil
En junio de 1989 asumió
la presidencia el candidato del partido ARENA, Alfredo Cristiani quien hizo un
llamado al diálogo con el FMLN. En septiembre es suscrito un acuerdo entre
representantes del gobierno y el FMLN en el que se comprometen a reanudar el
diálogo suspendido en 1987. Sin embargo el 3 de noviembre el FMLN suspende su
participación en el diálogo iniciado en México. Días después lanza una ofensiva
militar denominada “Al tope y punto” que alcanzó a las principales ciudades del
país y puso en jaque al ejército. Aunque el llamado a la insurrección que hizo
el FMLN no tuvo éxito quedó claro que no había posibilidades de una victoria
militar de alguno de los bandos en pugna. En el marco de la ofensiva militar
fueron asesinados seis sacerdotes jesuitas de la Universidad Centroamericana.
Este hecho conmocionó a la opinión pública y terminó de desacreditar al
ejército. Lo que se tradujo en una presión para que el gobierno asumiera la
negociación seriamente.
En abril de 1990 se
reiniciaron las pláticas de paz, con intermediación de la Organización de la
Naciones Unidas (ONU). En diciembre de ese año el FMLN lleva a cabo otra
ofensiva militar en la que se derribaron los primeros aviones con misiles
tierra-aire. El año 1991, las acciones armadas disminuyeron mientras la
negociación avanzaba favorablemente. El 27 de abril se firmó el acuerdo de
ciudad de México donde se dieron por finalizadas las negociaciones en lo que
respectaba a tenencia de tierras y se incluyeron reformas constitucionales de
orden judicial, militar, electoral y de derechos humanos. A finales de
diciembre se estableció la fecha para la firma de los Acuerdos de Paz. El 16 de
enero de 1992 se firmó en el castillo de Chapultepec (México) el texto completo
de los Acuerdos, con lo que se ponía fin a la guerra que consumió las energías
salvadoreñas a lo largo de la década de los ochenta.
Los Acuerdos de Paz: ¿refundación de la República?
Sobre la refundación de
la República
Los Acuerdos de Paz firmados en enero de 1992 fueron un pacto entre el
Gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional, FMLN. El documento comprometió al Estado a realizar cambios
institucionales estratégicos que serían una alternativa al ordenamiento
político que, aunque ya agotado, habían provocado este conflicto armado. Veinte
años más tarde, ¿puede determinarse si los pactos sentaron las bases para la
refundación de la república salvadoreña?
Transcurridos 11 años de la firma de estos Acuerdos, el
Secretario General de las Naciones Unidas anunció el 20 de diciembre de 2002
que la función de verificación de este organismo en El Salvador había llegado a
su fin. Planteó que los 4 objetivos principales pactados por el gobierno y el
FMLN –“el fin de la guerra, el pleno respeto a los derechos humanos, la
democratización y la reconciliación– se habían logrado o estaban bien
encaminados”. “El Salvador de 2002 es un país transformado”, decía al afirmar
que el FMLN se había integrado en forma completa a la institucionalidad
política nacional, que las Fuerzas Armadas se habían reformado y retirado de la
vida política y que la impunidad ya no era la norma de las instituciones del
estado.
Pero también reconocía que El Salvador se integraba a la vida nacional,
regional y hemisférica, “con instituciones aún frágiles, una cultura política
endeble y amplias desigualdades socio-económicas”, tal como sostuvo el Informe
sobre Desarrollo Humano de 2005. La polarización, la dificultad para alcanzar
nuevos acuerdos políticos y la reducida participación ciudadana en la vida
política y en los partidos, eran otros aspectos deficitarios del proceso en
ese momento.
En la actualidad, el cumplimiento del vigésimo aniversario de los Acuerdos
de Paz se dará en un entorno de opiniones encontradas. Para unos, no merecería
ser celebrado porque sus logros se estancaron o retrocedieron sin variar las
condiciones socioeconómicas que generaron el conflicto armado; para otros debe
ser festejado por todos porque su éxito e impacto ha sido casi total y de
carácter integral en la actual institucionalidad de la sociedad y del orden
político. Entre estos extremos muchas opiniones son muy amigables con los
acuerdos y los evalúan con magnanimidad, acercándose a cualquiera de los polos
dependiendo del aspecto que analizan. Todos, no obstante, reconocen la
significación histórica del evento.
En efecto, la evaluación de la refundación es una tarea aún muy difícil ya
que es un período vital en el que muchos actores –los analistas, historiadores
e intérpretes incluso– todavía están siendo afectados, influenciados, por
consecuencias de las decisiones de ese momento o por las formas en que se
implementaron e implementan las mismas. Desde la perspectiva de la formación
de las nuevas instituciones y estructuras, también es atinente preguntarse si
veinte años son suficientes para captar si las instituciones que se querían
eliminar han sido sustituidas en realidad, si la nuevas son irreversibles, si
se consolidan –y cuáles han sido sus formas de consolidación–, o si solo han
logrado “cambiar para no cambiar”. Hay mucho que discutir, pero algo es real,
nuestra realidad actual fue moldeada –en gran manera– por los acontecimientos
que se desataron o amarraron a inicios de la última década del siglo XX, con
los Acuerdos de Paz. La sociedad salvadoreña había llegado a un momento
conflictivo de cambios, empantanados en un trágico equilibrio de las armas, y
los Acuerdos aceleraron la posibilidad de muchos de ellos. A propósito,
recordando al historiador británico Eric Hobsbwan, nuestro siglo XXI quizás sea
de los “largo” pues se inició en la última década del XX en que terminó “una
época de la historia del mundo” y que en El Salvador tuvo lugar el final del
último conflicto de la “guerra fría” y el primer proceso de paz en una nueva
fase de la globalización.
La guerra y la paz han sido manifestaciones irrebatibles que nuestra
sociedad, nuestra economía, nuestra institucionalidad política, nuestro
Estado, nuestra vida social y nuestra cultura requieren de cambios
consistentes, profundos, apoyados por todos, para abrir y fortalecer la vida
pública y sus instituciones; es decir para construir una república fraterna,
equitativa, democrática, incluyente y generosa. Es el llamado de atención que
requerimos bases éticas para erradicar la violencia, garantizar la justicia y
hacer vigentes, exigibles, los derechos sociales.
¿Cuánto hemos avanzado en la acción creadora de esta nueva república que,
al menos desde hace dos décadas de paz, inició su refundación? ¿Qué debemos
reformular, qué debemos acelerar, qué nuevos elementos debemos incluir? ¿Cómo
debemos discutir estos aspectos? A continuación se hace un breve recuento de
las acciones que llevaron a realizar los Acuerdos de Paz en El Salvador y a
iniciar nuevas rutas de búsqueda de cómo refundar la república que todavía se
debate entre lo posible y lo deseado.
Situación socioeconómica
y política previa a la guerra en El Salvador
Previo a la guerra civil
de la década de 1980, la sociedad y el estado salvadoreño habían adquirido,
desde inicios del siglo XX, características excluyentes, autoritarias y
represivas. Los derechos humanos, los proyectos sociales y la democracia no
tenían existencia real y siempre fueron reivindicaciones presentes en todas
las protestas populares. Cambiar las instituciones, las relaciones entre los
grupos sociales que habían permitido esta injusta estructuración social, es
decir cambiar cómo se había configurado y mantenía sin alteración la república
(“la cosa pública”), el estado, las formas de gobierno y manejo de la economía,
de las leyes, de cómo se seleccionan y cambian autoridades y funcionarios
públicos, de cómo participan los ciudadanos, de cómo se reconocen sus derechos,
durante ese medio siglo era la exigencia y la fuerza para establecer mejores
normas de convivencia, más equitativas, incluyentes, participativas y
democráticas. Después de agotar el uso de las difíciles vías electorales de
entonces, incluso del uso del golpe de estado, el de 1979, de las de
movilizaciones pacíficas de masas, presiones sindicales y gremiales, la guerra
civil se desata en forma inevitable y dura doce largos años (1980-1992).
Hacia los Acuerdos de
Paz
Con la guerra de la década de 1980, las iniciativas de paz, nacionales e
internacionales, tuvieron diferencias de pocos años en su surgimiento; en
realidad el FMLN abrió la vía del diálogo desde 1981. Solo cuatro años después
de iniciada la guerra, el gobierno demócrata cristiano aceptó iniciar reuniones
para la pacificación del país, abriendo una primera fase de negociación en la
cual no hubo resultados firmes de negociación.
Fase de inicio de diálogo: 1984 – 1989
Esta fase tuvo una
duración de 5 años, aunque sin productos concretos. Hubo gran cantidad de
reuniones públicas y privadas entre el gobierno y la guerrilla en las que se
intercambiaron diversas propuestas que no lograron llevar a una real
negociación. En este período, también surgió una movilización social
(gremial/sindical), cercana al partido oficial demócrata-cristiano, para apoyar
la negociación de la paz.
A nivel internacional, aparece el Grupo Contadora (1983), formado por
México, Panamá, Colombia y Venezuela, que impulsaron salidas negociadas para
Nicaragua y El Salvador. Dos años después, Brasil, Perú, Argentina y Uruguay
forman el “Grupo de Apoyo” a Contadora. Además de mucha actividad
internacional, hubo amplios estudios para preparar propuestas que se llevaron
a numerosas reuniones entre los gobiernos centroamericanos y los grupos alzados
en armas, aunque sin resultados efectivos. Costa Rica propone el acuerdo
Esquipulas II (1987), conteniendo estrategias para eliminar obstáculos a la
negociación de los países con conflictos, que logra el apoyo de todos los
presidentes centroamericanos.
Fase negociadora: 1990-1992
La segunda fase es prácticamente el fin del conflicto a partir de la
aceptación de las partes de la intervención de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) en las negociaciones a las cuales se presentaron propuestas muy
concretas que, una vez acordadas, contaron con el seguimiento y verificación de
las Naciones Unidas.
El primer paso, dado el 15 de septiembre de 1989, consistió en el anuncio,
en forma conjunta, del gobierno (ARENA estaba conduciéndolo ya en este momento)
y del FMLN, del inicio del proceso de diálogo para terminar con la guerra, para
lo cual se había invitado al Secretario General de la ONU. Entre diciembre de
1989 y enero de 1990, ambos actores en forma individual hicieron la invitación
a Javier Pérez de Cuellar, Secretario General de la ONU. Esta organización
nombró como delegado representante del Secretario General en el proceso de
negociación a Álvaro de Soto.
En el año 90, la negociación avanzó en la definición de
sus objetivos, la agenda de acuerdos previos a la finalización del conflicto y
de la firma de la paz, y la discusión sobre derechos humanos. Como había
sucedido en la primera fase de discusiones con el gobierno de Duarte, el tema
de la Fuerza Armada fue un impasse prolongado.
Es indudable, la política fue el espacio que se privilegió en las
discusiones de los Acuerdos de Paz, aunque otros temas, como los
socioeconómicos y legales estuvieron presentes. La Agenda de la paz fue
definida desde la perspectiva de una reforma política que posteriormente
permitiera la reformulación en otros campos de acción. Otra característica que
signó a los acuerdos es la fuerte presencia de la comunidad internacional,
anticipando lo que sería la globalización en la resolución de los actuales problemas.
Es importante enfatizar que las bases de la refundación de la república a
partir de los Acuerdos están ligadas a procesos y resultados a la
institucionalización política en el ámbito de la democratización y que fueron
integradas a la Constitución. En forma muy resumida los logros fueron:
1. Exitoso e irreversible proceso de separación de
fuerzas enfrentadas y cese al fuego, sin mayores
contratiempos ni rupturas.
2. Desmilitarización del Estado y de las instancias
políticas que significaron un cambio institucional de la Fuerza
Armada: subordinación del poder militar a las autoridades civiles
constitucionalmente elegidas y salida de los militares del sistema político y
de la conducción política del Estado. Otros aspectos importantes fueron:
• La reforma doctrinaria y del sistema educativo de la
Fuerza Armada;
• La reducción en el número de efectivos y presupuesto
militar;
• La reorganización de los servicios de inteligencia del
Estado y reforma del servicio militar;
• La separación de la función e institucionalidad responsable
de la defensa nacional y de la seguridad pública;
• La disolución de los anteriores cuerpos de seguridad y
la creación de una nueva Policía Nacional Civil y una institución formativa de
la misma, la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP).
3. La nueva institucionalidad para la democracia
electoral como único medio legítimo de acceso al poder del Estado.
• La creación del nuevo Tribunal Supremo Electoral y el
nuevo Código Electoral con nuevas reglas básicas que permitieran elecciones
libres, limpias y competitivas.
• Reconversión de la guerrilla como partido político que
amplió el espacio de la competencia política.
4. La creación de condiciones para la vigencia
del Estado de Derecho:
• Creación de la Procuraduría para la Defensa de los
Derechos Humanos,
• Mejoría en el respeto a los derechos humanos en
general, y a los derechos civiles y políticos en particular;
• Así como múltiples medidas orientadas al fortalecimiento
de la autonomía de los órganos del Estado y la profundización de la reforma
judicial.
• Creación de una institución protectora del consumidor
(hoy Defensoría del Consumidor)
5. Reformas y la creación de nuevas instituciones, que
han configurado el nuevo sistema político de posguerra: medidas legislativas
para garantizar a los excombatientes del FMLN el pleno ejercicio de sus
derechos civiles y políticos, y programas de reincorporación, dentro de un
marco de plena legalidad, a la vida civil, política e institucional del país.
La guerra con Honduras: ¿nacionalismo o falta de visión? (1969)
Tal y como el historiador americano Thomas P. Anderson constató en 1981, la causalidad de la Guerra de las Cien Horas es “multifacética como un diamante”. No existen explicaciones sobre el origen del conflicto que puedan ser sustentadas en una causa única. A lo largo del tiempo se ha otorgado diferentes pesos específicos a un conjunto de factores que casi todos los estudiosos de ese acontecimiento consideran que deben ser tomados en cuenta a la hora de establecer las causas de la “Guerra de la Desintegración” como la ha llamado el sociólogo francés Alain Rouquié, haciendo alusión a la crisis de la integración centroamericana llevada a su extremo por la contienda armada. Esos factores van desde las desigualdades del Mercado Común Centroamericano (MCCA), hasta la corriente migratoria salvadoreña hacia la vecina Honduras, pasando por una supuesta conspiración entre ambas oligarquías para desviar la atención popular de los problemas internos, explicación favorita de la izquierda radical quien, de paso, coloca al “imperialismo” en el banquillo de los acusados culpándolo de mover los hilos del drama tras bambalinas sin preocuparse en mostrar evidencia que sustente tal afirmación. La cuestión fronteriza no puede ser considerada como un factor causal directo de la crisis aunque ciertamente fue un factor que contribuyó a crear tensiones militares que generaron sentimientos que favorecieron un desenlace violento del conflicto.
Anderson considera que la base para explicar el origen del conflicto debe
buscarse en la relación entre el hombre y la tierra dentro de los dos estados
contendientes. Ciertamente fueron procesos asociados a esa relación la que
motivó a los grandes latifundistas ganaderos a presionar al gobierno hondureño
para expulsar masivamente a los campesinos precaristas salvadoreños de las
tierras nacionales que ocupaban y que eran objeto de violenta disputa entre
campesinos y terratenientes. También fue el problema de la relación del hombre
con la tierra la que explica el profundo temor de poderosos grupos de la elite
económica salvadoreña, que leían la realidad a través de ideas y valores
arraigados en la cultura política de sociedades agrarias, ante la perspectiva
del retorno de centenares de miles de campesinos desposeídos. Fue precisamente
esa facción agraria, contrapuesta a los grupos de industriales y comerciantes
que se beneficiaban del MCCA, la que ejerció la influencia decisiva sobre una
cúpula militar gobernante que compartía sus mismos temores, para resolver el
conflicto con Honduras de manera violenta. Es necesario hacer énfasis en que el
principal factor en la generación de la crisis que condujo al rompimiento de
las hostilidades militares entre los dos países fue la desconcertante
agresividad de la campaña antisalvadoreña que acompañó a la ejecución de la
reforma agraria hondureña.
La campaña de limpieza antisalvadoreña produjo, desde
principios del mes de junio hasta el momento del ataque salvadoreño, más de
20,000 salvadoreños retornados a su país de origen después de haber sido
obligados a abandonar bienes y hogares en el vecino país. Los esfuerzos de la
comunidad hemisférica, incluyendo al gobierno de los Estados Unidos de América,
para, en un primer momento, prevenir la guerra y, posteriormente, para
interrumpir las operaciones militares habían sido concebidos básicamente para
enfriar y para desescalar el conflicto, haciendo prácticamente a un lado las
cuestiones directamente relacionadas con la suerte de las decenas de miles de
salvadoreños despojados y coaccionados a abandonar sus hogares en Honduras. La
difusión de los testimonios de las víctimas de la violenta campaña
antisalvadoreña en Honduras levantó una gigantesca ola nacionalista de
indignación popular y generó un movimiento masivo de solidaridad con los
compatriotas retornados. Los numerosos pronunciamientos sectoriales de condena
al gobierno y a las fuerzas armadas de Honduras publicados en los medios de
prensa proporcionaron la medida de una agitada opinión pública que presionó al
gobierno y a los militares salvadoreños para responder enérgicamente al desafío
hondureño. La movilización ciudadana estimulada por un discurso oficial
nacionalista careció de autonomía y se auto disolvió paulatinamente después de
la ruptura de la unidad nacional por el partido demócrata cristiano antes de finalizar
el año 1969.
Algunos enfoques tienden a personalizar las estructuras
sociales hasta casi considerar a los seres humanos como simples instrumentos de
la fatalidad económica. La Guerra de las Cien Horas ha sido atribuida a un
conjunto de factores impersonales como las contradicciones del proceso de
integración económica regional, la política imperialista del gobierno americano
y la lucha de clases en los dos países, ignorando el juego de las voluntades y
las pasiones humanas en la definición de coyunturas críticas. Tucídides, el
historiador de la Guerra del Peloponeso, consideró hace muchísimo tiempo que
los pueblos organizados en estados tendían a competir violentamente por el
poder e iban a la guerra por razones de “honor, temor e interés”. Los tres
motivos de Tucídides para entender las causas de las guerras pueden ser
identificados detrás de la decisión salvadoreña de invadir con fuerzas
militares a Honduras. Aparentemente el grupo que favoreció la guerra temía las
consecuencias políticas de un retorno masivo de campesinos salvadoreños sin
tierra, tenía interés en el mantenimiento de un statu quo que aseguraba el
acceso a una frontera agrícola en territorio hondureño para los “excedentes”
nacionales de población campesina y consideraba que la guerra era la única vía
honorable para castigar al culpable de la crisis. En el conflicto
honduro-salvadoreño las consideraciones de utilidad y conveniencia económica
fueron subordinadas a consideraciones sobre el honor nacional que adquirieron
una importancia desproporcionada y decisiva. Los miembros del gabinete del
presidente Sánchez Hernández que intentaron favorecer una solución no violenta
a la crisis con Honduras, principalmente los ministros de Economía y de
Relaciones Exteriores, fracasaron en su propósito. El honor significaba, en ese
particular contexto histórico, prestigio institucional, status y orgullo
nacional. La salvaguarda del honor nacional también estaba directamente
vinculada a la cuestión de la conservación del poder, pues los militares salvadoreños
temían el irreparable daño a su legitimidad como defensores de la nación y a su
control del sistema político, que supondría una salida deshonrosa a la crisis.
Ninguno de los dos gobiernos podía dar marcha atrás sin correr el riesgo de
perder todo su prestigio ante la opinión pública de sus respectivas sociedades.
Algunos estudiosos del conflicto sostienen que a finales del mes de junio de
1969, ambos gobiernos habían perdido parcialmente el control de los
acontecimientos alcanzando un punto de no retorno en el desarrollo de la
crisis.
Una de las consecuencias
inmediatas del conflicto fue la desvalorización de las ideas unionistas que
habían inspirado las políticas integracionistas de las dos décadas previas. Al
visualizar los acontecimientos de 1969 desde una perspectiva histórica, es
incuestionable que la conciencia centroamericanista tenía niveles muy
desiguales de arraigo al interior de las poblaciones de ambos países y que
encontraba el terreno más propicio para su desarrollo en las capas educadas de
la población y en las esferas oficiales. La guerra demostró la fragilidad del
ideal unionista, confinado a ciertos grupos de las elites intelectuales y
políticas, constatando que las mayorías populares, particularmente las
hondureñas, no solamente no compartían los sofisticados ideales abstractos del
unionismo centroamericanista sino que eran particularmente receptivas a los
discursos nacionalistas más excluyentes y agresivos. La rapidez con la que las
imágenes del vecino fueron demonizadas y deshumanizadas como resultado de la
difusión de feroces discursos nacionalistas a través de los medios de
comunicación de masas es uno de los aspectos del conflicto que despiertan mayor
asombro, evidenciando la superficialidad de la implantación del ideal unionista
centroamericano en la conciencia popular.
El conflicto solucionó temporalmente la conflictividad prevaleciente en los
sistemas políticos de los estados beligerantes. En el caso salvadoreño sería
más apropiado afirmar que la guerra contra Honduras solamente retardó un poco
más las manifestaciones más graves de dicha conflictividad. La Guerra de las
Cien Horas no solamente volvió al país sobre sí mismo sino que hizo salir a la
superficie los problemas más profundos de la sociedad salvadoreña, colocando en
la agenda política gubernamental el tema tabú de la necesidad de una reforma
agraria y aumentando las presiones por la democratización de un sistema
político poco competitivo.
La guerra de 1969 fue la consecuencia de la incapacidad de los gobernantes
hondureños y salvadoreños para resolver los problemas sociales y económicos más
urgentes de sus respectivas sociedades. La extraordinaria rigidez del sistema
político salvadoreño y su férreo control por una cúpula militar aliada a una
elite económica que no quería oír hablar de reformas impidieron una respuesta
más flexible y serena a la provocación hondureña. En Honduras, el predominio
político de una alianza entre el Partido Nacional, dominado por poderosos
intereses agrarios, y los comandantes de las fuerzas armadas conducidos por un
general-presidente particularmente inescrupuloso, hizo posible la puesta en
marcha de una reforma agraria discriminatoria y sin indemnizaciones acompañada
de una violenta campaña antisalvadoreña con expulsiones masivas. El giro
sorpresivo de las políticas migratoria y agraria del gobierno hondureño y el
descontento anti-integracionista de una clase capitalista dramáticamente
incapacitada para competir exitosamente con sus contrapartes regionales en un
mercado protegido, se conjugaron para crear el escenario político que condujo a
Honduras por el sendero de la confrontación violenta con su más importante
socio comercial en la región.
La guerra contra
Honduras marca el fin de una “Edad de Oro” caracterizada por el crecimiento
económico, la modernización social y una democratización restringida, y el
inicio de la década de gestación de la guerra civil. La inmediata posguerra
presentó oportunidades de desactivar los más graves problemas sociales y
políticos generadores de conflicto e inestabilidad política. La intransigencia
de elites económicas radicalmente antirreformistas, la falta de vigor y de
identidad propia del reformismo democrático salvadoreño, la ausencia histórica
de tradiciones pactistas en el sistema de partidos políticos y la mutua
desconfianza entre civiles y militares, fueron factores que contribuyeron a la
pérdida de la oportunidad de corregir un curso de colisión de consecuencias
impredecibles en aquel momento.
La guerra civil en El Salvador (1981-1992)
Entre los años 1981-1992, El Salvador vivió una etapa de
su historia que no había experimentado nunca. Una guerra civil prolongada y
sangrienta que dejó como resultado miles de muertos, el estancamiento del
desarrollo económico, la destrucción de una buena parte de su infraestructura y
la migración de miles de salvadoreños que abandonaron el país. El fin de la
guerra llegó en enero de 1992 con la firma de los Acuerdos de Paz entre el
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el gobierno
salvadoreño, con lo que se refunda el Estado y se sientan las bases para un
proceso de democratización. ¿Por qué ubicar el inicio de la guerra en 1981?,
¿quiénes fueron los actores principales en ese conflicto?, ¿por qué El Salvador
se vio sometido a una guerra incruenta y fratricida?, y ¿cuál fue el desenvolvimiento
de la guerra? son algunas de las preguntas a las que se les intentará dar
respuesta en este apartado. Hemos dividido el artículo en cuatro partes: en
primer lugar, enumeramos las causas estructurales e inmediatas de la guerra; en
segundo lugar, explicamos el desenvolvimiento del conflicto militar; en tercer
lugar, explicaremos el proceso de diálogo-negociación para finalizar la guerra
y finalmente reseñaremos la firma de los Acuerdos de Paz entre el FMLN y el
Gobierno de El Salvador.
Causas de la guerra
civil
Una guerra civil es cualquier enfrentamiento bélico cuyos participantes no
son en su mayoría fuerzas militares regulares, sino que están formadas u
organizadas por personas generalmente de la población civil. En la guerra civil
salvadoreña el enfrentamiento armado se llevó a cabo entre las fuerzas
guerrilleras del FMLN y la Fuerza Armada de El Salvador (FAES). El objetivo del
FMLN era tomar el poder a través de la vía armada, sacar a los militares del
control del gobierno e instaurar una sociedad de corte socialista; mientras la
FAES tenía como objetivo conservar el estado de cosas existentes. Es decir,
mantener el control del gobierno y proteger los intereses de los grupos económicamente
más poderosos que por años se habían beneficiado económicamente a partir del
control del aparato gubernamental.
Los análisis sobre lo sucedido entre 1981 y 1992 son diversos. Estos se
pueden resumir en tres posiciones analíticas: la primera, sostenida por los
gobiernos de la época, los intelectuales miembros de los grupos dominantes, los
militares y el gobierno de los Estados Unidos; para ellos la guerra era
resultado del éxito de hábiles agentes externos que pretendían imponer en El
Salvador un gobierno comunista. Según esta postura los problemas en El Salvador
no eran locales; sino causados por Fidel Castro y la Unión Soviética quienes
pretendían expandir el comunismo en Centroamérica. La segunda postura era
sostenida por el FMLN, para quien la guerra era producto del descontento por la
desigualdad social, la concentración de la riqueza en pocas manos y la
dictadura militar que a lo largo del siglo XX había frustrado todo intento
democratizador en el país. La tercera posición era concebida desde la academia,
según los estudiosos, el conflicto militar era el resultado de la pérdida de
legitimidad por quienes dirigían la sociedad salvadoreña, por su incapacidad
para integrar políticamente a los sectores subordinados.
Las causas estructurales de la guerra pueden encontrarse
por un lado, en la larga permanencia de un régimen político
autoritario, la falta de un gobierno civil resultado de elecciones
competitivas libres, un sistema legislativo representativo, falta de
independencia del poder judicial, total irrespeto a los derechos humanos,
ausencia de una prensa independiente o de un organismo electoral autónomo. Por
décadas lo que prevaleció fue el ejercicio del poder arbitrario, la
intolerancia frente a la oposición política, el uso de la fuerza ante las
demandas de democracia, los golpes de Estado, la persecución a los opositores
políticos. En fin, un régimen autoritario militar que ascendió al poder en 1931
producto del golpe de Estado contra el presidente Arturo Araujo. Por otro
lado, una estructura económica que profundizaba la inequidad. Por largos años
El Salvador fue un país dependiente de la agroexportación principalmente de
café, azúcar y algodón. La distribución equitativa de la riqueza producida por
la economía agroexportadora nunca fue un tema discusión entre los grupos
dominantes, a pesar del constante crecimiento económico que alcanzó el país, un
5.2 % entre los años sesenta y setenta. Junto a ese crecimiento marchó paralelo
un empobrecimiento y un retraso de importantes segmentos de la población.
Si bien es cierto que el régimen político autoritario y el sistema
económico inequitativo, rasgos de larga duración, pueden ser considerados como
causas estructurales del conflicto militar, no hay que dejar de lado las causas
inmediatas, entre las que podemos mencionar: los fraudes electorales de la
década de los setenta (1972 y 1977) y la represión contra el movimiento social
y la oposición política. A principios de los años setenta, el debate dentro de
la izquierda salvadoreña se centró en las ventajas de la vía electoral sobre la
lucha armada. Pero al mismo tiempo que las elecciones fueron más y más
fraudulentas, la lucha armada apareció a muchos necesaria y justificable.